Costa Rica avanza en los preparativos de la subasta de su espectro para la tecnología 5G, un año después de que un ciberataque provocara el caos en los sistemas informáticos de su Gobierno. Como medida de protección, el Gobierno aprobó un decreto por el que se prohíben las empresas de países que no hayan suscrito un convenio internacional sobre ciberdelincuencia, lo que deja fuera a las compañías tecnológicas de China y Rusia, entre otros países.
“La discusión sobre la posible presencia de vulnerabilidades y puertas traseras en la infraestructura crítica de un país es crucial. Actualmente vivimos en una época marcada por guerras tradicionales, ciberguerras y enormes tensiones entre las grandes potencias”, dijo a Diálogo el 29 de octubre José Adalid Medrano, abogado experto en Derecho Informático en Costa Rica. “Estas circunstancias nos obligan a considerar este tipo de decisiones como algo que trasciende la lucha contra la ciberdelincuencia”.
“Los costarricenses tenemos que asegurarnos de que no nos pongan de rodillas (…)”, dijo el 18 de octubre Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica. “Quien venga a instalar equipo de 5G tiene que darnos la certeza de que este país no va a ser sujeto de un secuestro cibernético”.
El Reglamento sobre las medidas de Ciberseguridad aplicables a los servicios de Telecomunicaciones basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil y Superiores ―publicado en la Gaceta Oficial el 31 de agosto― identifica la existencia de riesgos para la seguridad cibernética de las redes y los servicios de telecomunicaciones. Algunos de ellos se refieren a la cadena de suministro 5G con productos de baja calidad, o la dependencia de un único proveedor y la falta de diversidad nacional.
“Todas las acciones en materia de ciberseguridad, aplicadas a las telecomunicaciones y la lucha contra la ciberdelincuencia, obedecen a recomendaciones técnicas y corresponden a temas de orden público e interés nacional”, expresó a la prensa Paula Bogantes, ministra costarricense de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. “Nos hemos abocado a establecer medidas preventivas frente a la ciberdelincuencia en el desarrollo de redes 5G y superiores, para garantizar el acceso a los servicios, proteger la privacidad y la información personal de los costarricenses, de nuestro parque empresarial y la institucionalidad pública”.
Lo anterior se vuelve crítico al considerar las principales amenazas de países hostiles u organizaciones terroristas, que buscan destruir o abusar de infraestructuras críticas, amenazar la seguridad nacional, perturbar la economía y causar daños físicos a los ciudadanos, detalló el portal de noticias de tecnología Silicon Week.
“La Ley de Seguridad Nacional de China en su artículo 7 establece que todas las organizaciones [incluyendo empresas y casas matrices] y ciudadanos, asistirán y cooperarán en el trabajo de inteligencia nacional de acuerdo con la Ley (…). Deberán compartir los secretos del trabajo de inteligencia nacional que conozcan”, explicó Hubert Vargas, viceministro de telecomunicaciones de Costa Rica, ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa. “Esto es una pieza de información para mejor proveer, porqué nuestro nuevo Reglamento incorpora ciertas limitaciones sobre bloqueos económicos a instituciones que no están siendo socios leales en su relación con otros”, dijo.
Precisamente, entre los riesgos contemplados en el Reglamento incluyen la participación de empresas susceptibles de presión por parte de un gobierno extranjero, o que estén sujetas a la dirección de un gobierno extranjero que requiera, como en el caso chino, que compartan información de usuarios finales de los servicios prestados de telecomunicaciones.
“¿No se acuerdan cuando la caja no podía dar citas porque la habían jaqueado? ¿No se acuerdan cuando no podíamos pagarle a los maestros y educadores? Tuvimos que hacerles adelantos de planilla porque la Tesorería Nacional no tenía sistemas de pago”, recordó Chaves. “Si hubiéramos atrapado a las personas que nos hicieron el ataque [del grupo ruso] Conti no podríamos demandarlos a nivel penal en Rusia, porque Rusia no se adapta al estándar internacional de persecución del cibercrimen, que es el Acuerdo de Budapest”.
La Embajada de China en Costa Rica calificó de “absurda e infundada” la presunción de que su país muestra un mayor riesgo en materia de ciberseguridad.
Según la agencia española EFE, la empresa de telecomunicaciones china Huawei interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica, por su potencial exclusión de los contratos 5G en el país centroamericano.
“La discusión en el país ha sido profunda, vasta y extensa”, remarcó a Diálogo Juan Manuel Campos, director general de la firma consultora Ciber Regulación Consultores. “Se espera que para el primer o segundo cuarto de 2024 se pueda tener la licitación del 5G ya debidamente adjudicada”.
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