La Ley N° 15.397 establece sanciones de prisión más duras contra el robo de cables,equipos y dispositivos,además de fraudes digitales.
Crédito: Adobe Stock - Generado con IAEl Congreso de Brasil y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionaron una ley que endurece las sanciones para delitos que dañan o afectan la infraestructura de telecomunicaciones.
Publicada este lunes 4 de mayo en el Diario Oficial de la Unión,la Ley N° 15.397 introduce modificaciones al Código Penal para proteger la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones,centrándose en el endurecimiento de penas por robo de equipos y la interrupción de servicios.
La ley establece penas específicas de reclusión de 2 a 8 años,además de una multa,para quienes sustraigan elementos esenciales para la conectividad; entre ellos,hilos y cables y equipos de transmisión.
Asimismo,la nueva ley endurece las penas cuando el objeto del hurto o robo sean dispositivos personales o de trabajo,incluyendo teléfonos celulares,computadoras (portátiles y tabletas) o cualquier dispositivo electrónico o informático similar. Si alguno de estos objetos son sustraídos,la pena de reclusión es de 4 a 10 años y multa.
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La ley también modifica el artículo 266 del Código Penal,que trata sobre la interrupción o perturbación de servicios telegráficos,telefónicos,informáticos o telemáticos,considerados servicios de utilidad pública.
En estos casos,se establece una pena de reclusión de 2 a 4 años y multa. La sanción se aplicará al doble si el delito ocurre mediante la sustracción,daño o destrucción de equipos instalados en estructuras utilizadas para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Por último,la legislación tipifica y sanciona con mayor rigor las estafas realizadas a través de medios digitales,incluyendo los fraudes cometidos a través de redes sociales,contactos telefónicos,correos electrónicos fraudulentos o duplicación de dispositivos y aplicaciones de Internet. La sanción para estas modalidades de fraude electrónico es de 4 a 8 años de reclusión y multa.
De acuerdo con la GSMA,los ataques a infraestructura crítica —incluyendo telecomunicaciones— generan pérdidas millonarias cada año y pueden comprometer servicios esenciales,desde comunicaciones de emergencia hasta operaciones financieras y servicios públicos digitales.
A nivel de América Latina,este fenómeno se ha intensificado debido al valor de reventa de materiales como el cobre y a la expansión de redes en zonas con menor vigilancia.
En el caso de Brasil,datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y reportes de operadores han documentado miles de incidentes anuales relacionados con robo de cables y equipos,que impactan directamente en la calidad del servicio,especialmente en redes fijas y de backhaul móvil.
Este tipo de delitos provoca interrupciones y también retrasa el despliegue de nuevas tecnologías como5G o fibra óptica.
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