La propuesta fue aprobada en una fase inicial,pasa a la Comisión de Constitución y Justicia y,de ser aprobada,puede pasar directamente al Senado Federal.
Foto: Câmara dos Deputados
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El Congreso de Brasil analiza la eliminación del cobro por parte de operadores a plataformas digitales por el tráfico que se genera en sus redes,proceso conocido como Fair Share.
Se trata de un proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Comunicación (CCom) de la Cámara de Diputados,quien puso en el orden del día el Proyecto de Ley (PL) 469/2024,que prohíbe a los operadores cobrar por el tráfico generado por las plataformas digitales,lo que impediría el llamado Fair Share,defendido por las empresas de telecomunicaciones.
De acuerdo con reportes,la medida contradice el anuncio que hizo el martes 3 de diciembre por la noche,tras un debate sobre el tema. El texto fue aprobado sin discusión.
Inicialmente hubo acuerdo para que la propuesta sea analizada esta semana,luego de una audiencia pública que reunió diferentes visiones sobre el tema.
El debate tuvo lugar el martes 3 de diciembre,con dos horas y media de retraso,sin la participación del autor de la solicitud,el diputado Fernando Coelho,la relatora del proyecto de ley,Silvye Alves,y el autor del proyecto,David Soares. Los parlamentarios que la apoyaron pidieron que el tema volviera a incluirse en el orden del día y se les concedió.
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Otros diputados incluso registraron pedidos para retirar el proyecto de ley del orden del día,pero no comparecieron ante el colegiado en la sesión,impidiendo que se delibere el aplazamiento más allá de la intención del presidente
Y es que la tarifa que ponen los operadores,y que es defendida por ellos,es porque argumentan que las plataformas digitales consumen bastante ancho de banda de sus redes.
Por otro lado,se encuentran precisamente las empresas tecnológicas que ofrecen los servicios,por ejemplo de streaming,las cuales se han opuesto al cobro desde un inicio.
Los reportes señalan que el proyecto impide la creación de la tarifa vía regulación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel),limitando las posibilidades de cobrar por el uso de la infraestructura de la red sólo a lo previsto por la ley.
La propuesta pasa a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) y,puede pasar directamente al Senado federal,salvo en el caso de presentar recurso de apelación para votación en el Pleno.
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