Como una respuesta al reglamento de ciberseguridad 5G del gobierno,la legisladora Johana Obando presentó un proyecto que busca garantizar la imparcialidad en materia de telecomunicaciones.
Crédito: Cuenta de X de Johana Obando
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La diputada Johana Obando presentó una iniciativa de decreto que busca proteger la neutralidad tecnológica en Costa Rica,subrayando que el Estado no debe establecer qué tecnología tiene que usarse en las redes de telecomunicaciones,sino que esto depende del diseño que hagan los operadores.
El proyecto se da en medio del debate sobre el polémico reglamento de ciberseguridad 5G,mediante el cual el gobierno prohíbe la participación de algunos proveedores ―especialmente los originarios de China,como Huawei― en la cadena de suministro para la construcción de las nuevas redes.
Obando propone una “interpretación auténtica” del artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones,“en el sentido de que la voluntad y el espíritu del legislador es que el principio de neutralidad tecnológica otorga la potestad exclusiva del diseño de las redes de telecomunicaciones,a los operadores y proveedores de servicios”.
Al gobierno ―aclara el documento― le compete la obligación de establecer metas y objetivos de política pública sectorial,mientras que la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene la tarea de determinar planes técnicos.
La interpretación que promueve Johana Obando retoma los propios conceptos que están consagrados en la Ley General de Telecomunicaciones,pues en ella se resalta el principio de neutralidad tecnológica.
Dicha ley señala que la neutralidad tecnológica es la posibilidad que tienen los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las tecnologías que utilizan,siempre que estas dispongan de estándares comunes y garantizados,y cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política sectorial.
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Sin embargo,el proyecto de decreto advierte que el gobierno ha hecho una interpretación ambigua de dicho principio,“ya que mediante un Decreto Ejecutivo (la norma de ciberseguridad) se han establecido parámetros que transgreden el principio de neutralidad tecnológica”.
Por esa razón,la iniciativa de Obando pretende brindar “una interpretación auténtica” que clarifique el significado de la neutralidad tecnológica y facilite su implementación.
De acuerdo con la sustentación del proyecto,el principio de neutralidad tecnológica garantiza que las normas y regulaciones no favorezcan ni discriminen a ninguna tecnología en particular,promoviendo un entorno de competencia justa y abierta.
Y en un sentido más amplio,el principio permite impulsar la innovación y la mejora continua de los servicios de telecomunicaciones,así como habilitar una amplia variedad de opciones y mejores precios para los consumidores.
Johana Obando es una de las diputadas que ha defendido intensamente la neutralidad tecnológica desde la Asamblea Legislativa,y ha cuestionado duramente el reglamento de ciberseguridad 5G.
Obando ha cuestionado las motivaciones del gobierno para implementar dicha normativa y las bases de esta,ya que considera que no existe un sustento técnico y que se transgrede el ordenamiento jurídico costarricense.
El reglamento de ciberseguridad 5G prohíbe la participación de proveedores de equipos y soluciones de telecomunicaciones provenientes de países que no han firmado el Convenio de Budapest,un acuerdo internacional sobre ciberdelincuencia.
Pero dicho convenio no es ampliamente adoptado a nivel mundial ni tampoco determina estándares para garantizar la ciberseguridad de las redes 5G. China,México y Corea del Sur son sólo algunos de los países que no lo han suscrito.
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Repetidamente,Johana Obando ha pedido derogar el decreto del reglamento de ciberseguridad,y que se prioricen criterios técnicos en la política pública de telecomunicaciones.
Aunque el Ministerio de Ciencia,Innovación,Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ha defendido la normativa,algunos legisladores como Obando piensan que las motivaciones del reglamento son más políticas que técnicas,aludiendo a la influencia de Estados Unidos sobre la decisión de Costa Rica.
“Es doloroso que el país se vea involucrado en un asunto geopolítico,porque cuando tenemos respuestas tan incongruentes del jerarca lo que nos da a entender es que no es un asunto técnico sino que trasciende a lo geopolítico”,afirmó Johana Obando en marzo de este año en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Por el momento,el reglamento de ciberseguridad se encuentra suspendido. Contra su implementación,se presentaron recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad que fueron rechazados,pero aún está en curso un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
© costa rica semanal
