El TCU recomienda adoptar modelos que reduzcan las barreras de entrada para los operadores regionales.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) identificó diversas barreras que limitan la participación de los pequeños proveedores en los procesos de otorgamiento de espectro radioeléctrico y recomendó cambios a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para ampliar las condiciones de competencia en Brasil.
El análisis forma parte de un acuerdo aprobado por el pleno del tribunal,en el que se evaluaron las barreras de infraestructura,mercado,financiamiento,regulación y políticas públicas que afectan a los prestadores de pequeño porte (PPP).
De acuerdo con el TCU,el tamaño de los lotes de espectro es uno de los principales obstáculos para las empresas pequeñas. El acuerdo recoge las observaciones de Abrint,según las cuales las bandas de 2.5 GHz,3.5 GHz y 450 MHz resultaban inaccesibles para los PPP debido a que las licitaciones contemplaban lotes de gran tamaño.
El tribunal también señala que el modelo de lotes nacionales utilizado en las subastas de 2.5 GHz y 700 MHz,así como en la licitación de 5G,constituye una barrera de entrada para los operadores de menor tamaño. Como alternativa,plantea la posibilidad de utilizar lotes más pequeños y delimitar las áreas de cobertura,por ejemplo,a ciudades o localidades remotas.
Según el tribunal,en la subasta de 5G,el 77% de estos compromisos quedó en manos de grandes empresas. El TCU señala que los recursos vinculados a estos compromisos son ejecutados por las propias compañías que ganaron los lotes,por lo que no pueden ser disputados por otros prestadores,incluidos los PPP.
Ante esta situación,el tribunal plantea alternativas como destinar los recursos a fondos sectoriales,como el Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust),o implementar modelos de subasta inversa. En estos últimos,los operadores competirían por prestar el servicio en localidades previamente definidas.
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El TCU también retomó un acuerdo anterior en el que analizó la subasta de las bandas remanentes de 700 MHz. En esa decisión,recomendó que la Anatel evaluara mecanismos para ajustar los precios mínimos de acuerdo con el perfil de los participantes,con el objetivo de reducir las barreras para nuevos entrantes y operadores regionales,sin dejar de garantizar la adecuada valoración del bien público cuando el espectro sea adjudicado a agentes con poder de mercado significativo (PMS) y redes móviles consolidadas.
El tribunal no identificó irregularidades que impidieran continuar con la subasta de 700 MHz. Sin embargo,señaló una falla procedimental relacionada con el envío al TCU de un borrador del pliego antes de que fuera aprobado definitivamente por el Consejo Directivo de la Anatel.
Entre las principales recomendaciones,se encuentra la revisión de las reglas de compartición de infraestructura,acompañada de un cronograma y plazos definidos para las distintas etapas del proceso. El tribunal también propuso combatir la actuación de proveedores ilegales mediante la creación de un canal que permita compartir esta información con el Ministerio Público.
Además,el TCU recomendó perfeccionar los mecanismos de financiamiento disponibles para las pequeñas empresas,considerando la participación relevante de los PPP en la atención de municipios con hasta 30,000 habitantes.
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