Liberty y Claro enviaron a la Contraloría sus objeciones al pliego de la subasta 5G de Costa Rica,oponiéndose a condiciones relacionadas con las obligaciones de cobertura y la cantidad de espectro disponible en la banda de 700 MHz.
Imagen: DPL News
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Cada uno por separado,Claro y Liberty presentaron sus inconformidades con el cartel de la subasta 5G de Costa Rica,que emitió la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el 31 de julio.
Los principales operadores de telecomunicaciones del país objetaron ante la Contraloría General de la República que el pliego de la licitación establece condiciones que violan el principio de igualdad y libre concurrencia.
Por un lado,Claro argumentó en un documento enviado a la Contraloría que existe una desigualdad en las obligaciones de despliegue de infraestructura.
El cartel de la subasta 5G impone a las empresas que resulten adjudicatarios y que ya cuenten con asignaciones de espectro,como es su caso,que desplieguen cierto número de unidades de infraestructura,lo cual no brinda un trato igualitario a todos los oferentes.
Según Claro,esto constituiría una violación al principio de igualdad en materia de contratación administrativa,ya que ICE y su subsidiaria Racsa,que son de carácter público,no tendrían las mismas obligaciones de cobertura contractuales al carecer de un contrato de concesión en el que se expresen dichas obligaciones.
Actualmente,en el país hay cuatro operadores que cuentan con espectro radioeléctrico para servicios móviles: ICE y Racsa, que pertenecen al mismo grupo económico,y Claro y Liberty.
Claro considera que estas condiciones dejarían en desventaja a los operadores móviles que sí deben cumplir con las condiciones de cobertura.
Sin embargo,más allá de ese planteamiento,por ahora el cartel de la subasta 5G dejaría fuera a ICE.
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La paraestatal no podría participar en el concurso público debido a que excede el tope de espectro para las bandas medias,además de que el Ministerio de Ciencia,Innovación,Tecnología y Telecomunicaciones emitió en 2023 una resolución que le prohíbe adquirir nuevas licencias de espectro durante tres años.
Además,Claro objetó que las obligaciones de cobertura referentes a la banda de 700 MHz establecen áreas de atención donde no existe población que pueda ser beneficiada del despliegue de los unidades de infraestructura de acceso.
“Esta obligación irrespeta el principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad,por lo que puede considerarse como una carga desproporcionada y como tal no alineada a los principios de eficiencia y eficacia en materia de contratación administrativa”,advierte el documento.
Liberty Costa Rica coincide con Claro en que el pliego de la subasta incluye condiciones que violan el principio de igualdad y libre concurrencia.
Particularmente,Liberty hace hincapié en que la cantidad de espectro disponible en la banda de 700 MHz para su asignación es insuficiente y propicia un entorno recaudatorio,ya que los posibles participantes deberán competir por una menor cantidad de bloques.
Esto,de acuerdo con Liberty,contraviene los lineamientos de política que el Ministerio fijó para guiar la elaboración del pliego de la licitación 5G,en donde la conectividad y el bienestar se priorizaron como objetivos por encima del ánimo recaudatorio.
Anteriormente,en el precartel,la Sutel había contemplado la asignación de 9 bloques de 2×5 MHz. Sin embargo,en el cartel definitivo,se cambió a 5 bloques,de los cuales cuatro son de 2×10 MHz y uno de 2×5 MHz.
Liberty afirmó que una oferta de 9 bloques iguales es mucho más flexible dado que permite una mayor variedad de combinaciones,mientras que una oferta de 4 bloques más 1 es más rígida.
Por otro lado,Liberty objetó la disposición del pliego que determina que los operadores actuales participen en una fase 2 de la licitación en la que asignará espectro regional,lo cual,en su opinión,limita la competencia.
Cada fase de la subasta contempla diferentes obligaciones para los operadores que resulten ganadores de espectro,puesto que su presencia en el mercado sería distinta.
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En consideración de Liberty,existen condiciones desiguales de competencia porque,“mientras que un oferente de fase 1 tiene fuertes obligaciones de cobertura en lugares comercialmente menos atractivos,un oferente de fase 2 podría concentrarse sólo en las zonas comercialmente atractivas”.
La compañía de telecomunicaciones también está en desacuerdo con que la Sutel no revele el precio base del espectro,ni la cantidad mínima de unidades de infraestructura a desplegar,sino solamente una vez que los operadores hayan resultado elegibles para participar en la puja.
“No existe justificación alguna para que el precio del espectro sea considerado una seguridad calificada (y,por tanto,confidencial),sobre todo tomando en cuenta la naturaleza de este bien como un bien demanial afecto a un servicio de uso público y que forma parte del patrimonio público,que además es finito y limitado y debe concesionarse de la forma más transparente posible”,señala el documento.
Tanto Claro como Liberty presentaron a la Contraloría General de la República sus objeciones al pliego de la subasta 5G en el periodo de 8 días hábiles que determinan los procedimientos de convocatorias públicas.
El Grupo ICE también envió objeciones a la Contraloría,oponiéndose a las condiciones que le impiden participar en la licitación.
La Sutel fijó un plazo de 20 días para recibir las ofertas de las empresas interesadas en participar en el concurso,por lo que la ventana de tiempo aún está vigente.
Sin embargo,los reclamos de los operadores podrían demorar el proceso,ya que la Contraloría podría determinar una extensión del plazo en caso de ser necesario al escuchar las objeciones.
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