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El sector tecnológico, los empresarios y la academia de Costa Rica llevan tiempo soñando con avanzar en el desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones 5G para no quitar velocidad al empuje actual de industrias sofisticadas, innovar en áreas como la salud o ciudades inteligentes y ayudar a reducir la brecha digital que afecta a zonas rurales. El Gobierno anterior, de Carlos Alvarado, tuvo el tema en remojo, pero en 2022, al comenzar la administración de Rodrigo Chaves, se aceleraron los trámites y la promesa empezó a tomar forma en medio de discusiones de tipo técnico o administrativo. Pero el tema no tardó en convertirse en un caso geopolítico y ahora este anhelo está condicionado por la pugna económica entre Estados Unidos y China.
“El pleito de elefantes”, como lo ha llamado el presidente Chaves, tiene como escenario al pequeño país que en 2007 se convirtió en la primera nación centroamericana con relaciones diplomáticas con China y que, al mismo tiempo, depende del mercado estadounidense para las crecientes exportaciones, sobre todo las del dinámico sector de implementos médicos y otros productos ligados a la tecnología.
La situación se tensó después agosto cuando el Gobierno emitió un decreto sobre el desarrollo de la red 5G que afecta a empresas de capital chino, al excluirlas de un proyecto con un posible impacto de 1.550 millones de dólares sobre la pequeña economía local en un periodo de 5 años, casi 1,3% del PIB, según investigadores del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la estatal Universidad Nacional (UNA).
El proceso para desarrollar la red de telecomunicaciones de quinta generación continúa, pero ahora es un asunto de política internacional y quizás de disputas legales internas porque China ha acusado a las autoridades costarricenses de discriminar a las empresas de su país, en especial la gigante Huawei, que incluso ha acudido al Tribunal Constitucional. La potencia asiática repudia las justificaciones que han dado en San José las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) al señalar a China como un factor de riesgo para la ciberseguridad y advertir que, por tener un sistema político totalitario, no tiene capacidad de sancionar a las empresas que participen en espionaje.
“La presunta acusación de que China es un país con mayor riesgo en materia de ciberseguridad es totalmente absurda e infundada”, expresó a mediados de octubre la embajada de China en un comunicado emitido sólo horas después de las declaraciones de la ministra del Micitt, Paula Bogantes. La reacción diplomática llegaba a un nivel que no se conocía antes entre Costa Rica y China: “Estos comentarios afectan gravemente la confianza y las expectativas de las empresas chinas para realizar actividades económico-comerciales en Costa Rica y socavan el buen ímpetu de desarrollo de las relaciones bilaterales. Lamentamos mucho por sus comentarios y expresamos nuestra enérgica y vehemente oposición a sus acusaciones irresponsables e infundadas”, señaló la legación diplomática.
No es el primer comunicado oficial de la diplomacia china en este caso. En otro pronunciamiento, repudió la “discriminación” de la firma Huawei, proveedor de servicios actuales en Costa Rica y en 169 países más. “La parte china está a la expectativa de que la parte costarricense pueda adoptar una actitud objetiva y justa, evitar la generalización del concepto de seguridad nacional y la politización de las cuestiones técnicas”, dijo el 5 de septiembre, con un mensaje que no ha calado en las autoridades costarricenses.
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